Sólo ha habido un problema
con un burka en España. Fue en
septiembre del año pasado,
cuando la marroquí Fátima Hssini
se negó a quitárselo para
declarar como testigo ante la
Audiencia Nacional en el juicio
que se celebraba contra nueve
acusados de pertenecer a Al Qaeda.
El magistrado Javier Gómez
Bermúdez le explicó que para
valorar su testimonio y su credibilidad
era imprescindible ver
su rostro. Llegaron a un acuerdo:
ella aceptó descubrirse si no
había público. Existían razones
procesales básicas por encima
de las alegaciones de la mujer.
Aparte de este caso, los conflictos
que se han planteado en
nuestro país tenían que ver
con el pañuelo, o hiyab, prenda
menos conflictiva que deja visible
la cara de quien lo lleva,
pero que incomoda en según
que espacios públicos como las
escuelas o las salas de juicio.
Fátima Elidrisi intentó matricularse
en un colegio concertado
en Madrid en febrero de
2002. Tenía 13 años. El centro
—de monjas— no la admitió por
el hiyab. Las autoridades la enviaron
entonces a una escuela
pública en San Lorenzo de El Escorial.
La directora también estaba
en contra de aceptarla con
pañuelo, pero la Comunidad de
Madrid obligó a que la chica fuera
escolarizada sin condiciones.
Llegó asustada al colegio en su
primer día de colegio, rodeada
de cámaras de televisión. Acabó
la educación obligatoria en
2005, con su hiyab anudado al
cuello. Desde entonces, en el instituto
permiten a las alumnas
musulmanas acudir con el pañuelo
a clase. “No son libres para
quitárselo”, dijo en 2007 el
director a este periódico.
Ese mismo año saltó a los medios
el caso de Shaima, de ocho
años, que vivía en Girona. Un colegio
público se negó a admitirla
con hiyab, y, una vez más, el Gobierno
regional tuvo que intervenir
y obligar al centro a rectificar.
Tanto la Comunidad de Madrid
como la Generalitat catalana
tuvieron claro que debía prevalecer
el derecho a la educación
de Fátima y Shaima por encima
de otras consideraciones.
La polémica ha pasado recientemente
de las aulas a los
juzgados. La abogada Zoubida
Barik, de origen marroquí con
nacionalidad española, fue invitada
a abandonar los estrados
de una sala de juicios de la Audiencia
Nacional por el magistrado
Javier Gómez Bermúdez,
quien le dijo que no podía estar
allí con el pañuelo. Ella había
asistido antes a procesos con su
hiyab y sin problema. El caso ha
llegado al Tribunal Supremo,
que tendrá que decidir. El juez
Gómez Bermúdez argumenta
que en realidad el problema no
eran las connotaciones religiosas
del pañuelo sino que los letrados
no pueden llevar la cabeza
cubierta (salvo con birrete).
