El presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda,
anunció el lunes en la Ejecutiva
del PSOE que estaba dispuesto a
tomar todo tipo de medidas para
evitar que el almacén nuclear
se instale en su comunidad,
y ya ha empezado su ofensiva.
El PSOE regional promueve
un pleno extraordinario de las
Cortes autonómicas para aprobar,
con su mayoría absoluta,
una moción de condena a la candidatura
de Yebra (Guadalajara),
del PP. El texto exigirá a Yebra
que retire esa candidatura,
respaldada por los cinco concejales
del PP frente a los dos del
PSOE.
Barreda intenta forzar la máquina
para convocar el pleno extraordinario
incluso el sábado.
Con ello, el barón socialista logra
dos objetivos. Por un lado,
demuestra que antepone su comunidad
a los intereses del Gobierno,
de su mismo partido y
ratifica lo que lleva diciendo desde
2006: que no quiere el almacén
nuclear.
Por otro, Barreda trata de forzar
a su rival a mojarse en un
asunto que para ella es delicado.
Cospedal es presidenta del
PP de Castilla-La Mancha, por
lo que tiene que oponerse al almacén
e incluso ha iniciado un
expediente informativo contra
el alcalde de Yebra, pero a la vez
ocupa la secretaría general del
PP, que apoya la instalación e
incluso defiende una mayor implantación
de esta energía.
El entorno de Cospedal señalaba
ayer que el PP presentará
una propuesta alternativa, en la
que se recogerá la línea del partido:
sí a la energía nuclear, sí al
almacén, pero no en Guadalajara,
porque la provincia ya ha sido
“muy solidaria” en cuestiones
de energía nuclear.
Los populares no aclaran
aún si votarán a favor o en contra
de la iniciativa de Barreda.
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha
ha encargado a sus servicios
jurídicos un informe sobre
si el alcalde, Pedro Sánchez, incurrió
en incompatibilidad. Sánchez
trabaja en Socoin, una subcontrata
de Unión Fenosa, titular
de la nuclear de José Zorita.
Sin embargo, el 1 de febrero la
planta pasará a ser titularidad
de la empresa pública Enresa
para que desmantele la nuclear.
Enresa, dependiente de Industria,
construirá el almacén nuclear.
La ley de las Administraciones
Públicas contempla como
motivo de abstención haber
tenido relación con una persona
jurídica interesada en el
asunto.
El alcalde sostiene que ha actuado
“con pleno derecho” y recuerda
que la votación se adoptó
por cinco votos contra dos,
por lo que su abstención no habría
cambiado nada. Muchos alcaldes
de zonas nucleares trabajan
en las centrales, como el alcalde
de Ascó, Rafael Vidal: “En
la central trabajan más de 1.000
personas. Si nos inhabilitan dejan
la comarca sin concejales”.
Si Barreda ha iniciado ya su
ofensiva, el presidente catalán,
José Montilla, da los primeros
pasos contra la candidatura de
Ascó (Tarragona). Montilla enviará
una carta a Industria para
comunicarle que rechaza el depósito.
Será el primer paso antes
de usar “todos los mecanismos
legales” para oponerse, según
dijo ayer el vicepresidente
de la Generalitat, Josep Lluís Carod
Rovira. Según Carod, estudia
poner impedimentos en Medio
Ambiente, algo que este departamento
desmintió: “No tenemos
competencias para hacer el
estudio de impacto ambiental”.
El Gobierno catalán no es tan
tajante como el de Barreda y no
piensa recurrir la decisión del
Ayuntamiento de Ascó. “Respetamos
la autonomía municipal”,
dijo Carod. Para complicar más
las cosas a Montilla, sus socios
de ERC e ICV se manifestarán
hoy en Barcelona contra el cementerio
nuclear.
En CiU, partido del alcalde
de Ascó, también hay problemas.
En una reunión interna de
sus diputados en el Parlamento
catalán, varios dirigentes lamentaron
la incoherencia del discurso
del partido, que rechaza el
almacén pero por ahora no ha
expulsado al alcalde de Ascó.
