Una nueva ley limitará el número de ciudadanos inscritos
en función del tamaño de las viviendas para evitar el fraude
El Gobierno se dispone a dar a
los ayuntamientos la posibilidad
de denegar el empadronamiento
en domicilios que rebasen una
determinada proporción de habitantes
por metro cuadrado. Esta
llamada “causa de inhabilitabilidad”
será incluida en la nueva
Ley de Gobierno Local, que reformará
la Ley de Bases de Régimen
Local de 1985 y que el Ejecutivo
pretende remitir al Parlamento
en el primer trimestre del año.
Aunque el baremo a partir
del cual las solicitudes de empadronamiento
serán denegadas
aún no está decidido, fuentes
del Ministerio de Política Territorial
adelantan que será muy
inferior a los 20 metros cuadrados
por habitante que exigía el
Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz (Madrid) y que provocaron
una polémica por la discriminación
que suponían hacia
los inmigrantes.
Las mismas fuentes insistieron
en que esta medida no ha
sido diseñada para los inmigrantes,
aunque reconocieron que
han tenido en cuenta que puede
ser efectiva para combatir los llamados
pisos patera. De hecho, un
pionero en el establecimiento de
estos criterios fue el actual ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
cuando era alcalde de L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona).
La intención del Gobierno
coincide también con la solicitud
que le formuló el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
el pasado día 14, en plena polémica
por los casos de Vic (Barcelona)
y de Torrejón de Ardoz
(Madrid). “En función de los metros
cuadrados de un domicilio”,
afirmó, “existe un límite de capacidad
para albergar a un número
de personas, y tiene que haber
un criterio por normativa estatal
a partir del cual los ayuntamientos
no estemos obligados a
realizar empadronamientos que
físicamente sabemos que no pueden
responder a la realidad”.
Hasta ahora, el Ayuntamiento
de Madrid ha conseguido evitar
numerosos empadronamientos
ficticios por un método de factura
propia. Cuando una persona
acude a empadronarse y el funcionario
comprueba que en el domicilio
que da figuran al menos
otras 15 personas, suspende el
trámite hasta que una patrulla
municipal visita la vivienda y
comprueba que, efectivamente,
el solicitante vive en ella.
Algo parecido sucede en Barcelona,
donde el padrón envía
una alerta cuando en una vivienda
hay más de 15 personas empadronadas.
En esos casos, los funcionarios
comprueban si realmente
eso es así, por lo general
enviando una carta al domicilio
en cuestión o con una visita de
inspección, informa Blanca Cia.
Pero la medida que el Ejecutivo
se dispone a introducir en la
nueva Ley de Gobierno Local
también pretende acabar con el
fraude electoral en los pueblos pequeños,
en los cuales algunos candidatos
pueden hinchar el censo
con afines para ganar elecciones.
El hecho de que en España el 85%
de los municipios tengan menos
de 5.000 habitantes facilita ese tipo
de fraude. Otro fraude que la
iniciativa trata de evitar consiste
en que el Ayuntamiento aumente
artificialmente el número de habitantes
para beneficiarse de la
PIE (Participación de Ingresos
del Estado) y de planes provinciales
de las diputaciones.
El secretario de Estado de Política
Territorial, Gaspar Zarrías,
adelantó ayer algunas de
estas novedades en un encuentro
con la dirección de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP). Zarrías afirmó
que la nueva norma dejará
perfectamente claro que, todo
ciudadano, documentado o no,
tiene el derecho y el deber de
empadronarse en el lugar en el
que vive habitualmente, informa
Anabel Díez.
Según explicó, la nueva ley
mejorará los mecanismos entre
el Instituto Nacional de Estadística
y los Ayuntamientos para que
estos últimos agilicen las altas y
bajas en el padrón, de forma que
puedan obligar a grupos de ciudadanos
que se establecen en su
territorio a empadronarse o, al
contrario, puedan dar de baja a
otros que ya no viven en él.
