Jack Straw, jefe de la diplomacia
británica en aquel momento,
apoyó la guerra de Irak a sabiendas
de que sus juristas le habían
advertido que era ilegal. No sólo
la número dos de los servicios jurídicos,
Elizabeth Wilmshurst,
que dimitió por sentirse desautorizada
por el ministro, sino también
el responsable máximo de
los juristas del Foreign Office, sir
Michael Wood, que no dimitió,
pensaban que la invasión de Irak
era ilegal sin una resolución específica
de la ONU.
A finales de enero de 2003, dos
meses antes de la guerra y cuando
ya se había aprobado la resolución
1.441 del Consejo de Seguridad,
Wood advirtió a Straw que el
uso de la fuerza contra Irak “era
contrario a la ley internacional”,
según explicó ayer al comparecer
ante la comisión que investiga la
participación británica en la guerra.
“En mi opinión, el uso de la
fuerza no había sido autorizado
por el Consejo de Seguridad y no
había otras bases según la ley internacional”,
añadió.
“La respuesta de Straw fue
que yo estaba siendo demasiado
dogmático y que las leyes internacionales
eran bastante vagas y
que no estaba acostumbrado a
que la gente tuviera posiciones
tan firmes”, añadió. El ministro le
respondió que cuando era titular
de Interior los juristas le habían
dicho muchas veces que eran ilegales
propuestas luego apoyadas
por los tribunales.
La diferencia, subrayó sir Michael,
es que no hay tribunales
para juzgar las leyes internacionales
y por eso hay que ser especialmente
cuidadoso al emitir un dictamen
sobre su legalidad. Y añadió
que probablemente “es la primera
y única vez” que un ministro
no ha hecho caso de su dictamen
jurídico.
La posición de Straw, que días
atrás dijo que apoyó la invasión “a
regañadientes”, quedó ayer aún
más entredicho al publicarse un
memorando de Wood en el que
se refiere a un cable del Foreign
Office sobre una reunión entre
Straw y su homólogo estadounidense,
Colin Powell, en el que
Straw asegura un año antes de la
guerra que está “totalmente cómodo”
defendiendo esa causa.
Elizabeth Wilmshurst se expresó
en términos muy parecidos
y calificó de “lamentable” el hecho
de que el fiscal general del
Reino, lord Goldsmith, no fuera
consultado formalmente por el
Gobierno hasta días antes de la
invasión. Se sabe que Goldsmith
tenía muchas dudas sobre la legalidad
de la invasión y que sólo a
última hora concluyó que ésta
era legal porque a su juicio la resolución
1.441 de noviembre de
2002 reactivaba las viejas resoluciones
que dieron luz verde a la
primera guerra del Golfo.
Uno de sus ayudantes, David
Brummell, reveló también ayer
que incluso después de la aprobación
de la 1.441, lord Goldsmith
no creía que esa resolución bastara
para legalizar la guerra.
